Recientemente fue publicada en el diario estadounidense, El nuevo Herald un artículo que cita “la frustración” que sufre una familia cubana que poseia una finca en Venezuela. Se trata de la familia de Bienvenido Jorajuría que habia adquirido una finca en la región de Yaracuy, en el centro norte de Venezuela pero que tuvo que abandonar al ser expropiada por el gobierno de Hugo Chavez. Esta era la segunda ocasión que la finca era expropiada pues la anterior, que no ocurrió con Chavez se produjo en 1960.
La politica de Chavez, en ese sentido ha provocado el ánimo de ciertos sectores de la sociedad Latinoamericana, particularmente aquellos descendientes de criollos que recibieron privilegios a a principios del siglo XIX reacciones adversas tildándolo de dictador, de populista y de estar contra la propiedad privada.
Esté termino de propiedad privada fue implementada, desde luego, despues del despojo como ocurrió en Guatemala durante el régimen de Justo Rufino Barrios, un criollo militar que entrego el patrimonio ajeno a los descendientes de españoles nacidos en nuestro país.
Y esa fue la tónica a lo largo de América Latina de modo que lo que ocurre en Venezuela, Ecuador, Bolivia y posiblemente Uruguay, Nicaragua es semejante.
El derrocamiento de Jacobo Arbenz Guzman en julio de 1954, con intervencion de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, Cia, que figura en sus archivos desclasificados fue precisamente por la promulgación del decreto 900 o ley de Reforma Agraria que pretendia la expropiación de tierras y su entrega a las comunidades indigenas, como legitimas propietarias. Era una devolución y no un acto político, era una conducta leal con la historia de los pueblos originarios.
Pero prevaleció la fuerza y la ilegalidad.
Ahora enterese usted, cómo con el impulso que se ha querido dar a la empresa privada como cupula gobernante la cosa cambia radicalmente.
Resulta que el pasado 17 de Diciembre 2007, las autoridades guatemaltecas del Instituto Nacional de Electrificación, Inde, están pidiendo facultades para practicar la expropiación forzosa de tierras de campesinos, en el departamento de Retalhuleu, para el tendido de líneas de la interconexión eléctrica México-Centroamérica.
La autorización la solicita dicha dependencia al ministerio de Energia y Minas bajo el pretexto de que es una medida fundamental para el proyecto de interconexion electrica que además favoreceria la economia. Si pero no la economia de los Guatemaltecos sino la de los concesionarios extranjeros o empresas privadas locales.
El Inde ya habia negociado con algunas familias pero estas vendieron sus propiedades y los nuevos terratenientes quieren negocios mas sustanciosos para ceder el derecho de paso siempre y cuando paguen por ello.
Es decir, si la aplican gobiernos neoliberales, empresariales, la expropiacion se legitima porque no lesiona intereses de sectores pudientes sino los raidos bolsillos de familias guatemaltecas que han sudado en frio para tener un pedazo de tierra donde vivir.
Además, argumentan que el paso de dichas lineas afectaria los cultivos de palma africana
Y como siempre en los temas que interesan solo al empresariado que año con año se da el lujo de publicar el monto de sus ganancias mientras se mantiene la pobreza en estos paises, recurren a amenazas vedadas.
Si se habla del salario mínimo, por citar en caso de Centroamérica, los empresarios amenazan con que habrá despidos de miles de trabajadores, que afectará la competitividad y que desestimula la inversión.
Ahora con lo de la expropiación por la interconexión, aqui en Guatemala, están advirtiendo con racionamientos de energia en el mediano plazo.
Al menos en el caso de Guatemala, es forzoso que el gobierno de Oscar Berger sea atado de manos para que no negocie absolutamente nada antes de dejar el cargo sino que, en todo caso sean las nuevas autoridades las que analicen la conveniencia de la solicitud del Inde y de la propia interconexion para frenar la entrega del pais y el patrimonio de los Guatemaltecos a las firmas extranjeras.
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