ESTADO SECUESTRADO POR DINERO

Existe incongruencia entre las normas de la Constitución política que en materia de derechos políticos, garantiza que cualquier Guatemalteco puede optar a elegir y ser electo, siempre y cuando se encuentre en pleno goce de esos derecho y la realidad que desde hace veinte años vive nuestro país.

Claro que las guatemaltecas y guatemaltecos podemos, para optar a un cargo de elección popular, afiliarnos a tal o cual organización política porque, se supone que ahí encontraremos el respaldo necesario para aspirar a una candidatura como diputados.

Nada mas alejado de la verdad porque, si usted quiere ser propuesto como candidato a diputado, primero que nada y antes que todo, tiene que probar que posee suficiente dinero para promoverse porque el partido, no lo hará por su cuenta.
Si no lo tiene se vería obligado a buscar un patrocinador y desde ese momento, queda comprometido a hacer lo que se le ordene.

Esto no es ni mas ni menos que la compra de candidaturas para un organismo donde se supone está representado el pueblo pero como no es cierto, desde hace veinte años, las organizaciones política no representan a la población sino a los intereses de los grupos económicamente acomodados.

En la actual legislatura son apenas unos cuantos los que en realidad fueron electos como representantes de sus comunidades pero la historia política del país refleja que, incluso llegan como diputados de determinados departamentos quienes no son originaros de ellos, ni han vivido, ni trabajan ahí ni conocen las necesidades de los pobladores.
Por eso es que el organismo legislativo ha sido, tradicionalmente, el antro de negocios ilícitos solo que ahora con proyectos locales sobre los cuales exigen una cuota como sucedió en el 2006 con el famoso y desprestigiado Programa de apoyo a comunidades urbanas y rurales, Pacur.

Sobre los ilícitos denunciados por varias organizaciones no gubernamentales, entre ellas de reconocida trayectoria profesional como el colectivo de organizaciones sociales Cos, que con documentos, cifras, presupuestos y conocimientos técnicos han develado los negocios sin que se haya desarrollado una investigación o persecución del delito.

Esta historia actual contrasta con otro período que podemos fijar hasta el 25 de mayo de 1993, cuando el entonces presidente Jorge Antonio Serrano Elías decidió disolver el congreso, la corte de constitucionalidad y la procuraduría de los derechos humanos en un acto abiertamente ilegal.
Se le conoció como el Serranazo o el autogolpe de Serrano.

Claro que Serrano tenía argumentos para hacerlo porque los congresistas hasta esa fecha gozaban de numerosos privilegios como el derecho a franquicia para la importación de automóviles, las que aprovecharon para traer sin pago de impuestos para venderlos en lo particular.

Desde 1960 para esa fecha, con escasas excepciones, el parlamento fue el escenario de muchos desmanes pues hubo al menos una vez en que un legislador se enfrentó a puñetazos contra un funcionario del entonces instituto nacional de transformación agraria.
Pero generalmente se ha conocido como asisten, platican, no escuchaban nada de los puntos de agenda o los debates de leyes y solo levantaban la mano a la hora de las votaciones.
El ausentismo ha sido otra de las singularidades de los diputados así como la inexistente representatividad de los Guatemaltecos.

De modo que sería oportuno que aquellos que se han constituido como defensores de la Constitución política de la República de Guatemala, académicos, investigadores de las ciencias sociales, constitucionalistas, ex constituyentes, trabajaran para garantizar el derecho de elegir y ser electo, aunque no tengamos cuentas bancarias en dólares o en quetzales.

Ah...bueno y sobre todo, no solo pagamos nuestros impuestos sino todavía estamos obligados a pagarle a los partidos políticos que han participado en eventos eleccionarios, segun la cantidad de votos obtenidos a razon de un dolar o sea al tipo de cambio este miercoles 6 de junio 2007, segun el Banco de guatemala siete quetzales con sesenta y cinco centavos por cada sufragio.